Reforma laboral y pensiones en Extremadura

Seguro que todos coincidimos al afirmar que la formación, la tecnología o la innovación mejora la productividad. Pues la regulación laboral y las condiciones de trabajo, también. Si los salarios son muy bajos, las empresas no necesitan hacer previsiones de inversiones en estos capítulos para que sean más competitivas. Como ejemplo, vemos como las recientes subidas del SMI no muestran impacto negativo en el empleo. Recomiendo la lectura de Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo publicado recientemente: “De como los derechos laborales mejoran la economía”. Si los salarios bajos promoviesen la creación de empleo, Extremadura sería una referencia en España.

En términos territoriales, nuestra comunidad contaba con una temporalidad que en 2021 alcanzaba a más de cien mil asalariados-as; un treinta y uno por ciento. Personas que han ido sumando decenas de contratos laborales, en una carrera profesional ausente de derechos. Contratos de lunes a viernes, falsos autónomos, jornadas laborales por encima de las marcadas en convenio o indemnizaciones ridículas que nunca alcanzarían a aquellas que ahora tendrán con un contrato indefinido o fijo discontinuo. La descausalización de los contratos temporales facilitaban al empleador el sorteo de una tipología contractual de fijeza.

Mejores condiciones de trabajo correlaciona con mejores cotizaciones, mejores prestaciones por desempleo o pensiones. Así, el convenio de empresa ha dejado de tener una prevalencia sobre el sectorial como engañifa para devaluar los salarios, sean trabajadores indefinidos o temporales, donde el equilibrio negociador entre las partes se ha restablecido. La relación entre condiciones de trabajo y pensiones es bidireccional. Por esta razón, el acuerdo convalidado en el parlamento de una reforma laboral que actúe contra la temporalidad era necesaria para la sostenibilidad futura de las pensiones. La Reforma Laboral de Rajoy devaluó las condiciones salariales de las personas que trabajaban hasta límites insospechados y su objetivo estrella de acabar con la temporalidad ha sido un fiasco.  

En este nuevo contexto, la pensión media de las personas jubiladas extremeñas, que partía de 773 euros en 2018, avanza a los 902,79 euros. Esta cantidad, de haber persistido la revalorización de pensiones de Rajoy, no la hubiéramos alcanzado hasta el año 2030. Este recorte de rentas de nuestros mayores, en Extremadura, hubiesen sido de unos quinientos millones de euros al año, que ahora, con seguridad, van destinados a consumo para revertir una amenaza de exclusión social que desde 2014 a 2018 escaló del 13% al 18%. Por otro lado, no debemos olvidar que las personas que fuesen jubilándose en las próximas dos décadas, tendrían nuevos recortes en sus pensiones hasta alcanzar una reducción de un 25%, según ese concepto tramposo del Factor de Sostenibilidad.

Con estos dígitos no se entiende que el mayor partido de la oposición, siga amenazando, con volver a un sistema de pensiones que aplicó unilateralmente, intentando dinamitar el Pacto de Toledo, obviando el Dialogo Social, a la vez que volver a una reforma laboral salvaje que transfirió rentas del trabajo a las empresas, durante toda una década.

Sí, han sido acuerdos que se han trabajado en el marco del Diálogo Social y que por esa razón independientemente de las frustraciones de las partes, que siempre se dan en una negociación, abren una cultura alejada de la confrontación, en el que acordar y regular las condiciones laborales debe interpretarse como una mejora de la economía y de nuevas concertaciones sociales. Eso sí, volveremos a oír que las pensiones son insostenibles y que hay que volver a los límites de subida que marcaba el Partido Popular, con su famoso "factor de sostenibilidad" de una subida del 0,25%, aunque la inflación esté muy por encima.