Ilustración de Miguel Coque Placencia
Leyendo el Informe de la O.C.D.E. sobre Competencias Profesionales, me sonrojo al leer la valoración sobre el valor del contrato de formación y aprendizaje en España, fruto de la Reforma Laboral de Rajoy, para adquirir nuevas competencias. Ya sabemos que este organismo nunca hará un relato crítico del sistema, pero caer en brazos del fracaso social y profesional de un tipo de contrato como este, avala la idea de qué intereses representa esta organización.
Los que tenemos hijos podemos conocer esta realidad cercana. Este contrato no es otra cosa que la utilización perversa de una ley para obviar, tajantemente, lo que debería ser su objeto final; que sería insertar, cualificar, o acreditar formación de los jóvenes en el marco de ese empleo que le debiera aportar una primera experiencia motivadora en el mundo del trabajo. La resultante es bien diferente: precarización del empleo juvenil con un bajo salario y trasladar, de nuevo, rentas sociales a los empresarios a través de bonificaciones escandalosas, manifestándose como una constante de la reforma laboral que es necesario derogar sin paliativos y cuanto antes.
Y es que una cosa es que sea necesario un contrato de formación, y que sea una opción para facilitar la transición del mundo educativo al laboral, y otra que sea un atentado contra el sentido común y el derecho al trabajo de los jóvenes. Ya fue grave con la reforma laboral de Zapatero la elevación de este contrato hasta los treinta años, pero luego llegó el gobierno del P.P. que no solo suprimió el número de contratos a realizar por una misma empresa y a un mismo joven, sino que lo "universalizó" al no determinar nivel educativo al que va dirigido, y cedió en la responsabilidad de la empresa para que el joven pudiera acreditarse en un certificado profesional u otro reglado, favoreciendo la mercantilización de una supuesta formación no homologada que también pagamos y que no está fiscalizada.
Para una mejor visualización, presento unos datos concluyentes de Extremadura, que responden a los cuatro años de reforma laboral y que pueden extrapolarse a resto de España. En esta comunidad, esta modalidad se ha elevado hasta 8.461 contratos, significando una subida de un 243%, triplicando sobradamente los 2.481 contratos previos del 2011. Este dato no puede valorarse como acierto, sino como la constatación de un uso fraudulento que trata de ocultar la desvalorización del trabajo y la falta de respeto hacia nuestros hijos. Solo un dos por ciento de ellos, se reconvierten en un contrato indefinido. Solo el cuatro por ciento, se reconvierten en un contrato de obras y servicios. Uno de cada diez jóvenes contratados no supera los veinte años, cuando en periodos anteriores eran siete de cada diez.
Sería su centralidad que esta modalidad contractual estuviera reservada, básicamente, para ellos y no para jóvenes cercanos a la treintena que pueden haber tenido varias experiencias acumulativas de este tipo, cuando otra sociedad, más sana, debería estar pensando en facilitarles su autonomía vital.
Mientras en España se llega o no a un acuerdo para formar otro gobierno, urge otro modelo que inserte, cualifique o acredite la formación, porque este solo es un "chollo" para empresarios que lo contemplan como un ahorro y no como inversión. Es el hecho identitario de este país y hay que doblarle el brazo.
