El desempleo de larga duración sin respuestas

Desde 2008, el desempleo de larga duración ha pasado de un 20% de personas en desempleo que llevan más de un año buscando empleo a un 60,7% en el tercer trimestre de 2015. Por otro lado, la tasa de cobertura en prestaciones se han visto reducida en quince puntos porcentuales, fundamentalmente fruto de los recortes provocados por el Gobierno del PP a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que ha supuesto un recorte de 15000 millones de euros desde entonces, al acabar con subsidios a mayores de 52 años y reducir el valor de las prestaciones por desempleo contributivas. Si a todo ello, le sumamos el tijeretazo de Rajoy en políticas activas de empleo en un 40% en el periodo de mayor incremento del desempleo, coincidiremos sin ningún atisbo partidista que el aumento de la pobreza en España se debe a una diseñada ausencia de políticas sociales.

A principios de 2015, consensuado con los agentes sociales, y fruto de la presión social y sindical, se pone en marcha el Programa de Activación para el Empleo -PAE- para atender a unos 400.000 personas en paro de Larga duración. Los datos a fechas de hoy, evidencian que solo se benefician unas 50000 personas en desempleo y que los criterios restrictivos que aplicó el gobierno, más que resolver un problema, pretendía la ornamentación de su relato  social. 

En estos momentos, como consecuencia del periodo pre-electoral, y con el sobrante no ejecutado del fracasado P.A.E., el gobierno quiere maquillar un programa de mejora de la atención para estas personas, con una financiación de 515 millones de euros para los próximos tres años, para cerca de más de un millón de personas que sobrepasan con creces el periodo de 12 meses en desempleo, siendo la franja de edad a la que va dirigida la medida entre 30 y 54 años. Sin duda, no se trata de fondos extraordinarios, sino el traspaso de la financiación no ejecutada durante el 2015, constatándose la estrategia cicatera gubernamental para evitar el coste, elevando los criterios y así justificar el no gasto. 

La primera duda que se me plantea es la vuelta a los socorridos "itinerarios individualizados y personalizados"; cuando los servicios públicos, han padecido graves recortes en recursos humanos y técnicos, cuando padecemos la desertización de una financiación en formación, que ha ido a engrosar bonificaciones directas a las empresas, reduciéndose drásticamente la formación para la cualificación o recualificación de personas que ya no responden a la demanda de un tejido productivo fenecido, y cuando la intermediación se pretende trasladar a las Agencias de Colocación, al parecer, garantizándoles la parte del "negocio" con mayor empleabilidad de las personas en desempleo.  

Por lo tanto, el nuevo gobierno, que esperemos responda a necesidades de las personas y no de los bancos, deberá cuestionar este programa, eminentemente electoralista, haciendo hincapié en una mayor dotación financiera del mismo, evitando detraer las cantidades de una más que necesaria adecuación del Servicio Publico de Empleo al paro real y estructural que tenemos para facilitar su liderazgo en el aprovechamiento y optimización de las políticas activas de empleo, en la que debe ser una figura fundamental la del  prospector, para que se concilie la orientación con la búsqueda de empleo por parte de profesionales dedicados a captar y a casar oferta con demanda.

Complementariamente, la referencia a itinerarios personalizados de las personas en desempleo de larga duración, no puede seguir siendo un cajón de sastre que suele esconder ineficiencia e ineficacia. Habrá que realizar un mayor nivel de concreción. Deben primarse proyectos integrales e innovadores en materia de políticas activas de empleo que conjuguen orientación-prospección e inserción para el empleo.  Y finalmente, la distribución de fondos debería hacerse con un objetivo sustantivo de romper las divergencias existentes y cada vez más pronunciadas entre Comunidades Autónomas, primando a aquellas que sobrepasen el 25% de paro. 

¿Para cuando las acciones positivas hacia aquellos territorios con paro estructural endémico, y por lo tanto con paro de larga duración cronificado?. Porque la realidad es que el gobierno del PP, según Enrique Negueruela, en su legislatura ha recortado los fondos de políticas activas de empleo en 6.868 millones de euros, de los que 6.437 millones son fondos estatales, dejando de invertir dos de cada tres euros que se invirtieron en el anterior cuatrienio 2008-2011. Con respecto a su aplicación en las comunidades autónomas, el recorte de los fondos estatales no ha sido homogéneo, ni mucho menos reequilibrador de divergencias, como sería deseable, Son las regiones como Extremadura o Andalucía, beneficiada por los fondos europeos, las que han visto incrementado el recorte por encima de un 85%. En Andalucía los fondos estatales disminuyeron un 93%, pasando de recibir 2.143 millones a 150 o en el caso de Extremadura pasando de 328 a los 30, reduciéndose un 91%. ¿Qué sentido tiene que Europa prime positivamente a estas regiones situadas en un PIB inferior a la media europea, si es tu propio estado el que te descompensa con los fondos propios?.

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