El estudio, “Impacto
de la Crisis Económica en la salud mental de la población”, sobre sus
perniciosos efectos en la salud mental de un colectivo de riesgo como son las
personas que se encuentran en desempleo y sus familiares, promovido por el “Observatori
de Salut Mental de Catalunya”, debería ser un informe de cabecera, recurrente
en las administraciones y en las organizaciones sociales para mejorar la gestión
de las consecuencias que se están visualizando en nuestro país y aquellas que
se están conformando y que aún no han emergido por un silencio clínico, sin
duda amortiguado por la acción de soporte que ejercen las redes familiares,
pero que de mantenerse las condiciones laborales precarias y unas tasas de
cobertura de prestaciones por desempleo cada vez más exigua, llegarán a aflorar
con consecuencias irreversibles.
Condiciones precarias laborales que
correlacionan al mismo tiempo con recortes sanitarios, fruto de unas políticas
neoliberales, que dificultan un modelo integral de abordar el diagnóstico y el
tratamiento de lo que debiera ser atención específica a un grupo de
riesgo como son las personas en desempleo. Grupo de riesgo, en el que incide una mayor prevalencia de trastornos mentales en función del género, la edad, del
nivel formativo, del periodo de desempleo, de la clase social, etc… y que son
vividas con contenidos discursivos específicos según sean personas en busca del
primer empleo, si acaba de ser despedida o fantasea con un posible
despido.
Lo que se evidencia es que en su narrativa individual en unos se
manifiesta la desmotivación y en otros el miedo, o ambas a la vez, constatándose que los
servicios de salud detectan un incremento significativo de consultas clínicas,
desde el inicio de la crisis, clasificándose globalmente en: "Trastornos adaptativos relacionados con la
situación económica y el paro, Patologías relacionadas con el debilitamiento
del sistema inmunológico, provocadas por la persistencia de un estado de
estrés, Consultas relacionadas con manifestaciones de tensión emocional
(insomnio, lumbalgias, cefaleas tensionales, etc.) y Consumo al alza de
psicofármacos ansiolíticos y antidepresivos".
El
estudio incide en que la crisis se produce en un contexto donde el marco social
está marcado por una sociedad individualizada e hiperconsumista, donde las
personas acuden a los Servicios Sociales de Base y a las Áreas de Salud manifestando
predominantemente el sentimiento relativo a la perdida de control sobre sus
propias vidas, con anticipaciones negativas que corren el riesgo de convertirse
en profecías autocumplidas y con escasos recursos para salir del bloqueo y
amortiguar la presión social que muchas veces culpabiliza, no inocentemente, a
la persona por su situación laboral. En
ese contexto, muchos profesionales
(Thornicroft
y Tansella, 2005) relatan que aparece la ideación autolítica o presencia persistente en el
sujeto de pensamientos o ideas encaminadas al suicidio; más por incapacidad
de encontrar una salida que por el deseo de quitarse la vida.
Adelantarse a
este momento debería ser un objetivo institucional, porque las estrategias
personales en positivo no duran y la tendencia, en función del tiempo que se
lleve en desempleo, suele terminar generando ideas mágicas que confían a la
suerte el logro de un empleo, que difícilmente ocurrirá con peso desde un
punto de vista estadístico, y que termina correlacionando con una caída
depresiva en la persona desempleada.
Es en ese espacio donde deben intervenir
no solamente los profesionales de la salud (psicoterapia, trabajo
comunitario, farmacología…) sino las políticas activas, preventivas y
comunitarias relacionadas con el empleo que salvaguarde a la persona
desempleada de caer en lo que sabemos que casi con seguridad puede ocurrir.
Ese espacio de trastorno cognitivo está inevitablemente ligado a los soportes
que puede generar la sociedad (familia, amigos, administraciones…) y que en
una sociedad cada vez más individualizada son más difíciles de encontrar. Por
ello, la necesidad de anticipación institucional para evitar costes humanos,
económicos y sociales a posteriori, relacionados con la cronificación del
conflicto (*).
En la
misma dirección, otro estudio: “Los riesgos para la salud mental de la
crisis económica en España: evidencia desde los servicios de Atención
Primaria”, tomando como referencia 2006-2011, ha comparado la prevalencia
de los trastornos mentales en los servicios de Atención Primaria, poniendo de
manifiesto que desde el inicio del periodo de recesión económica en España,
el trastorno depresivo mayor se ha duplicado en este periodo. Y esta
situación se ha dado cuando aún no habían arreciado los recortes en materia
sanitaria durante los años 2011 al 2015 por un gobierno que rebajó el gasto
en la sanidad pública y lo elevó en la sanidad privada, con claro interés de
servicio a su clase.
¿Hasta qué
punto el malestar mental está siendo amortiguado únicamente por la
farmacología?(**). Partiendo de los datos epidemiológicos actuales que
tienen las administraciones no sería más consecuente que se invirtieran gran
parte de los esfuerzos en planes de prevención, como sería la atención a la
salud mental en los servicios de Atención Primaria centrada en este grupo de
riesgo y ligada a acciones terapéuticas y de carácter colaborativas, de intervención social e incluso de
políticas activas de empleo, para amortiguar el coste de estas dolencias que,
sin duda, tendría una aminoración de costes posteriores relacionados con
cuidados formales e informales y respecto a las
bajas en la productividad laboral. En paralelo, la lucha contra el estigma asociado a los trastornos
mentales debería ser otro capítulo en la normalización de los trastornos
mentales que favorecerían sin duda la integración de estas personas.
Romper con la invisibilidad de ese malestar mental seguro que no es
un objetivo de este sistema, ni de las políticas que lo sustentan, donde
solo hay respuestas rentables para las empresas farmacéuticas. Integrar políticas
de salud mental y empleo es el embrión para confrontar decididamente el
abordaje contra una bomba de relojería que es el malestar mental, a no ser
que sea un objetivo del propio sistema.
(*) Índice de Bienestar de Gallup-Healthways:
encuesta que estudia los impactos en la salud mental del desempleo a largo
plazo.
Resultados:
·
Las
personas en desempleo son tres veces más propensos a estar deprimidos por
tiempo completo o sufrir depresión.
·
El
5,6% de las personas con empleo padecen depresión, en los desempleados es el
12,4% y en los que llevaban más de 6 meses y medio asciende hasta 18%.
(**)
La OMS ha advertido a los países occidentales que su economía no es
sostenible en el futuro por problemas de salud mental, sobre todo por la
depresión. En España, estamos gastando más de 20.000 millones de euros en mal
atender la salud mental.
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