Yo fui maestro de enseñanza concertada

Gritar "libertad" para evitar la igualdad es el viejo discurso de internacionalismo clasista de la derecha. Ver lazos rosas en niños y adolescentes me produce tristeza por algunos padres que pretenden sentirse diferentes y quieren dejar de identificarse de esta manera con su clase social. A los inductores de otra nueva "revuelta" hay que dejarles muy claro que los idearios religiosos o políticos deben darse fuera de la escuela. 

Los ricos no necesitan que se subvencione su educación y los trabajadores lo que necesitamos es que nuestros hijos crezcan en valores humanos; no segregadores y por lo tanto inclusivos. Nada de esto ocurre en una enseñanza concertada muy viciada por los intereses de sus élites y por sus objetivos rentistas. Solo es posible en una escuela pública, laica e integradora. Por tanto, el valor de la enseñanza concertada debe ser puntual, subsidiaria y/o experimental.

En estos días he recordado cómo en los años 84 y 85, mi empresa me invitaba a participar en manifestaciones contra la LODE, impulsada por el ministro socialista Maravall. Por supuesto nunca fui a ninguna. Junto con mis compañeros, estábamos en otros intereses más participativos, educación en valores, intentando homologar las condiciones de los trabajadores con aquellas que tenían en la escuela pública, realizar elecciones sindicales no manipuladas por la empresa y libertad de afiliación sindical, respondiendo a una realidad, aún vigente, de afiliación sindical obligada por la empresa a sindicatos amarillos. Ya en aquella época, hacían un llamamiento colectivo a defender la "Libertad", cuando lo que defendían era que no hubiese ningún control sobre el negocio de la enseñanza. La LODE, entre otras cosas, introducía los consejos escolares para democratizar la vida de estos colegios. Lo intentamos, pero aquella experiencia fue frustrante porque terminaron quedando estos órganos en las manos amigas de la empresa. Ahora, la nueva ley tan solo pretende algo tan obvio como cortar las cuotas arbitrarias a los padres que cobran las empresas, no subvencionar con dinero público la segregación del alumnado por sexo, no ceder suelo público a los centros concertados, priorizando las plazas públicas y potenciar el reparto "equilibrado y transparente" del alumnado por los centros para evitar guetos. Finalmente, decir que esta Ley pretende acabar con la educación especial es contravenir, groseramente, el octavo mandamiento.

Han pasado 40 años y estos centros que tuvieron su razón de ser en determinados territorios en momentos muy concretos, hoy siguen defendiendo su "libertad" para enseñar, cuando hay que defender una escuela pública que enseñe para la libertad. Ruidosa forma de pedir "libertad" para que sigamos sin igualdad. ¡Viva la Escuela Pública!