viernes, 16 de diciembre de 2016

Cláusulas Sociales en Extremadura


Podría entenderse que la incorporación de las cláusulas sociales a la contratos con financiación pública es una parte más de la cosmética política y burocrática, pero tras escuchar a la administración autonómica en unas jornadas organizadas por CCOO de Extremadura, concluyo que hay una parte comprometida por la Junta de Extremadura que ya está avanzada y que toca a aquellos, que la vienen reclamando desde hace tiempo, como son los sindicatos de clase, realizar la tarea que les corresponde. 

El gobierno de Guillermo Fdez. Vara aprobó el pasado 23 de febrero, en Consejo de Gobierno(*), instrucciones sobre la incorporación de criterios sociales y medioambientales para iniciar un recorrido de sostenibilidad y coherencia en la contratación pública y públicamente se han comprometido a tener una Ley de Contratos para el año 2017. El recorrido está iniciado y como acompañamiento ya se ha iniciado la formación a altos cargos, jefes de servicios, así como a funcionarios de las distintas consejerías; fase que es imprescindible en la interiorización del aparato administrativo de cualquier proceso inovador. Un hecho incide en esta apuesta: la reactivación de una Junta Consultiva de contratación y la creación, con carácter trasversal a todas las consejerías, de una Unidad de Contratación.

En los últimos años, la contratación pública ha tenido una deriva que desde una opción ideológica de izquierdas, hay que frenar con urgencia. La caída de los precios en las licitaciones han provocando junto a una reforma laboral desregularizadora, una precarización de las condiciones laborales que ha presentado a las administraciones como maquinaria al servicio del capitalismo más salvaje. Por ello, el marco ético en el que se mueve la Junta de Extremadura debe ser una apuesta decida por virar hacia un camino recorrido con calidad en el empleo, tal y como se concertó con los agentes sociales y económicos de la comunidad en una Estrategia de Empleo para Extremadura que atienda a criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

La apuesta de la Junta es vital por dos razones: la primera que en un territorio como Extremadura, el impacto financiero y dependencia de la financiación de la Junta sobre el empleo es altísima y por otro lado, el tamaño micro de nuestras empresas hacía casi imposible beneficiarse de la carga de trabajo que financiaba nuestra autonomía, pasando a estar controladas por grandes empresas que subcontrataban sin limitación. Razones más que suficiente para plantear una estrategia que favorezca la calidad y la distribución equilibrada  de la oferta de contratos que genera nuestra administración y que, sin duda, producirá un retorno importante en nuestra economía.

Junto a este proceso, complejísimo, entiendo que la intervención sindical debe posibilitar no solo el control, sino el acompañamiento en la mejora del mismo en un marco de diálogo normalizado con la administración, desde la información y orientaciones que deben tener los funcionarios que lo desarrollen, y en el seguimiento de todas las fases de un contrato público: preparación del contrato, licitación y adjudicación, ejecución, efectos jurídicos del incumplimiento del contrato y la parte final del proceso que será la evaluación. La aportación y la perspectiva, no administrativa, de una intervención sindical será, sin duda, de un valor apreciable para implementar la eficacia de estos contratos públicos. 

En nuestro territorio, con realidades muy específicas, estas cláusulas sociales pueden ser determinante para facilitar la inclusión de la mujer, jóvenes, desempleados de larga duración o personas con discapacidad en su inserción profesional. Por otro lado, la translación de buenas prácticas a diputaciones y ayuntamientos, incluso a los procesos de negociación colectiva en el sector privado, sin duda darán coherencia a la utilización de fondos públicos para hacer del empleo, un trabajo digno. En Extremadura, podemos atrevernos a decir que todos los sectores quedarán implicados en estos procesos: transportes, servicios sociosanitarios, educación, atención a la dependencia, limpieza, hostelería, telefonía... Un escenario lo suficientemente amplio donde intervenir como para transformar el futuro. 

*RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2016, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, por el que se aprueba la Instrucción sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf

*La Junta de Extremadura trabajará, en función del calendario parlamentario, en la puesta en marcha de una nueva Ley de Contratación Pública para la incorporación de cláusulas sociales dentro de la normalidad jurídica. http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=19000#.WFRehn36_UE


* Contratación Administrativa  y Concesiones: http://gobiernoabierto.gobex.es/transparencia/#contratacion


*ANUNCIO de 3 de noviembre de 2016 por el que se hace publica laconvocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria anticipada,de la contratación del servicio de “Mantenimiento Integral y Gestión Técnica del Edificio Morerías, sede de varias Consejerías de la Junta deExtremadura en Mérida con la inclusión de cláusulas sociales”. Expte.:SV-059/30/16  http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2170o/16081448.pdf

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martes, 13 de diciembre de 2016

Sobran razones para un Plan Extremadura

                                                            "Miradas Perdidas" en el Valle del Jerte (Extremadura)

Sobran razones para un Plan de inversiones productivas en Extremadura, con el que definitivamente podamos alcanzar una convergencia con la media de España. Los desequilibrios Norte-Sur se amplifican.

La Crisis, que ha vapuleado y lo sigue haciendo, a los más vulnerables, también lo ha hecho con la regiones y las empresas más débiles. La brecha en tasa de desempleo entre comunidades autónomas ricas y pobres ha aumentado, y el Informe de Funcas, en sus "Previsiones Económicas para las Comunidades Autónomas" es contundente con esta realidad al afirmar que:  “los extremeños tendrán el triple de probabilidades de estar en paro que los navarros  en 2.017”. Paradójicamente, el Ministerio de Empleo viene distribuyendo los fondos en políticas activas de empleo en función de objetivos de inserción conseguidos; como si las condiciones objetivas para la creación de empleo fueran las mismas en unas regiones que en otras. 


Con el Gobex de Monago, 2012-2015, las transferencias del Estado, para políticas activas de empleo fueron de 200.330.000 millones de euros, mientras que en el periodo anterior 2008-2012, ascendían a 426.230.000 e. Así, nuestra región sufrió, nada más y nada menos que un recorte de un 53%, fruto de un delirio neoliberal que nos llevó a alcanzar, en el primer trimestre de 2013, el dato histórico del 35,56% de tasa de paro, con 181.600 personas en paro. Recientemente, el Gobierno de Rajoy niega a Extremadura un Plan de Convergencia de 460 M/euros, por falta de dinero, al mismo tiempo que hace una rebaja de 500 M/e al cupo vasco.

Otro dato a tener en cuenta para reclamar un urgente Plan de Inversiones es que en el  periodo de 2007 al año 2011, la media de inversión rondaba los 600 millones de euros al año y, por el contrario, desde el 2011 ha estado en torno a los 200 millones de euros. No se trata de pedir algo que no sea nuestro, sino aquello que nos fue arrebatado.

Solo estos datos servirían para reclamar un Plan de Convergencia para Extremadura a aquellos que primaron políticas austericidas y transfirieron rentas del trabajo a rentas del capital. Pero sería conveniente apuntar razones de carácter estructural que son determinantes en la exigencia de ese apoyo del estado para asegurar nuestro futuro:


1º El nivel de envejecimiento de Extremadura es de los más alto de España y a su vez, nuestro país tiene el índice más alto de Europa, situando a nuestra Comunidad con un problema demográfico que determinan nuestros costes sanitarios y la futura sostenibilidad de nuestra economía. A no ser que la solución final sea hacer de Extremadura un privatizado geriátrico.


2º Solo en el periodo de 2011 a 2015, más de diez mil jóvenes han emigrado de Extremadura. A pesar de ello, seguimos presentando una de las tasas de paro juvenil más alta, no solo de España, sino de toda Europa. Cerca de cuarenta mil jóvenes extremeños, entre 16 y 30 años, no encuentran ninguna expectativa vital a través de un empleo decente. 


3º Una nueva ola de emigración, selectiva y con perfiles universitarios, profundiza en la descapitalización social y competencial en nuestras empresas. Esto, unido a índices de fracaso escolar que correlacionan con desigualdad, niveles de pobreza, precarización de las condiciones laborales,... requieren de una implementación en políticas cualificadoras.


4º La Estrategia Europa 2020 plantea la necesidad de dar respuesta a los déficits estructurales con medidas inclusivas para todas las regiones europeas. La misma, plantea que el 74% de personas entre 20 y 64 años estén trabajando al final de esta década. Un cálculo rápido nos lleva a tener que aumentar nuestra población activa en más de cien mil personas para cubrir ese parametro. Y ello, no podremos conseguirlo con el esfuerzo único de los extremeños y extremeñas.
5º Extremadura, nunca ha tenido grandes empresas, a las que de vez en cuando, el estado inyectase financiación en épocas expansivas o en las de "vacas flacas", ni sectores productivos que desmantelar con alternativas financiadas. Tenemos, respecto a la distribución de la tierra, fruto de una historia propiciada y no resuelta, una población jornalera a la que hay que ofrecer una solución digna y justa. ¿Cuanto tiempo vamos a seguir soportando la ignominia de ser insultados por aquellos que solo pretenden consolidar ventajas territoriales?.

6º Las previsiones de crecimiento para 2017 nos indican que  Extremadura  está a la cola de todas las comunidades autonómas, incidiendo en la divergencia.

Y cuando se habla de Inversiones publicas en Extremadura, algunos como J. Carretero, Ex Secretario General de CCOO, ya adelantaba cifras: 3000 millones que restan en la linea AVE para esta legislatura. No sirve poner vías si no se compromete la electrificación Madrid-Badajoz y Badajoz-Puertollano en doble vía. 



Resolver estos "cuellos de botellas" son responsabilidad de un estado que quiera resolver las deudas históricas con Extremadura. Porque nuestros "hechos diferenciales", unidos a los déficits en infraestructuras y comunicaciones, no se resuelven con caridad y migajas, sino con financiación que equilibre territorios, aunque sabemos por nuestra historia, que siempre hubo prioridades nacionales y "autopistas quebradas" que rescatar. ¡Tendremos que lucharlo!.



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