la encina solit(d)aria: Cláusulas Sociales en Extremadura

Podría entenderse que la incorporación de las cláusulas sociales a la contratos con financiación pública es una parte más de la cosmética política y burocrática, pero tras escuchar a la administración autonómica en unas jornadas organizadas por CCOO de Extremadura, concluyo que hay una parte comprometida por la Junta de Extremadura que ya está avanzada y que toca a aquellos, que la vienen reclamando desde hace tiempo, como son los sindicatos de clase, realizar la tarea que les corresponde.

El gobierno de Guillermo Fdez. Vara aprobó el pasado 23 de febrero, en Consejo de Gobierno(*), instrucciones sobre la incorporación de criterios sociales y medioambientales para iniciar un recorrido de sostenibilidad y coherencia en la contratación pública y públicamente se han comprometido a tener una Ley de Contratos para el año 2017. El recorrido está iniciado y como acompañamiento ya se ha iniciado la formación a altos cargos, jefes de servicios, así como a funcionarios de las distintas consejerías; fase que es imprescindible en la interiorización del aparato administrativo de cualquier proceso inovador. Un hecho incide en esta apuesta: la reactivación de una Junta Consultiva de contratación y la creación, con carácter trasversal a todas las consejerías, de una Unidad de Contratación.

En los últimos años, la contratación pública ha tenido una deriva que desde una opción ideológica de izquierdas, hay que frenar con urgencia. La caída de los precios en las licitaciones han provocando junto a una reforma laboral desregularizadora, una precarización de las condiciones laborales que ha presentado a las administraciones como maquinaria al servicio del capitalismo más salvaje. Por ello, el marco ético en el que se mueve la Junta de Extremadura debe ser una apuesta decida por virar hacia un camino recorrido con calidad en el empleo, tal y como se concertó con los agentes sociales y económicos de la comunidad en una Estrategia de Empleo para Extremadura que atienda a criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

La apuesta de la Junta es vital por dos razones: la primera que en un territorio como Extremadura, el impacto financiero y dependencia de la financiación de la Junta sobre el empleo es altísima y por otro lado, el tamaño micro de nuestras empresas hacía casi imposible beneficiarse de la carga de trabajo que financiaba nuestra autonomía, pasando a estar controladas por grandes empresas que subcontrataban sin limitación. Razones más que suficiente para plantear una estrategia que favorezca la calidad y la distribución equilibrada de la oferta de contratos que genera nuestra administración y que, sin duda, producirá un retorno importante en nuestra economía.

Junto a este proceso, complejísimo, entiendo que la intervención sindical debe posibilitar no solo el control, sino el acompañamiento en la mejora del mismo en un marco de diálogo normalizado con la administración, desde la información y orientaciones que deben tener los funcionarios que lo desarrollen, y en el seguimiento de todas las fases de un contrato público: preparación del contrato, licitación y adjudicación, ejecución, efectos jurídicos del incumplimiento del contrato y la parte final del proceso que será la evaluación. La aportación y la perspectiva, no administrativa, de una intervención sindical será, sin duda, de un valor apreciable para implementar la eficacia de estos contratos públicos.

En nuestro territorio, con realidades muy específicas, estas cláusulas sociales pueden ser determinante para facilitar la inclusión de la mujer, jóvenes, desempleados de larga duración o personas con discapacidad en su inserción profesional. Por otro lado, la translación de buenas prácticas a diputaciones y ayuntamientos, incluso a los procesos de negociación colectiva en el sector privado, sin duda darán coherencia a la utilización de fondos públicos para hacer del empleo, un trabajo digno. En Extremadura, podemos atrevernos a decir que todos los sectores quedarán implicados en estos procesos: transportes, servicios sociosanitarios, educación, atención a la dependencia, limpieza, hostelería, telefonía... Un escenario lo suficientemente amplio donde intervenir como para transformar el futuro.

*RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2016, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, por el que se aprueba la Instrucción sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público. http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf

*La Junta de Extremadura trabajará, en función del calendario parlamentario, en la puesta en marcha de una nueva Ley de Contratación Pública para la incorporación de cláusulas sociales dentro de la normalidad jurídica. http://www.gobex.es/comunicacion/noticia&idPub=19000#.WFRehn36_UE

* Contratación Administrativa y Concesiones: http://gobiernoabierto.gobex.es/transparencia/#contratacion

*ANUNCIO de 3 de noviembre de 2016 por el que se hace publica laconvocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria anticipada,de la contratación del servicio de “Mantenimiento Integral y Gestión Técnica del Edificio Morerías, sede de varias Consejerías de la Junta deExtremadura en Mérida con la inclusión de cláusulas sociales”. Expte.:SV-059/30/16 http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2170o/16081448.pdf

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