martes, 2 de febrero de 2016

Fracaso escolar y empleo en Extremadura







Extremadura presenta un índice de fracaso escolar de un 20,7% en el dos mil dieciséis; el más  bajo en la última década y casi alcanzando la media estatal del 19% pero aún con una alta divergencia con comunidades como el País Vasco, con un 8,7%, con un concierto económico que facilita una divergencia significativa entre CCAA. ¿Y aún seguimos preguntándonos por qué emigran nuestros jóvenes?  

Estas diferencias no son casuales. Su causalidad es explicita; la inversión que se realiza por alumno correlaciona claramente con fracaso escolar, aunque no sea la única razón. El Informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación , recientemente publicado por el M.E.C., nos informa que en el País Vasco la aportación media es de 9.293 euros y en otras Comunidades como Extremadura en torno a la mitad. La divergencia queda explicitada en su máxima expresión, teniendo su translación a las distintas velocidades de crecimiento de los distintos territorios.

Para un gobierno, aunque esté atosigado por las urgencias, este hecho debería formar parte de la centralidad de sus políticas y de sus luces largas. Una sociedad con este dato, cada vez más fundamentada en las competencias profesionales está produciendo a medio y largo plazo un ejercito de personas sin capacidades para formar parte de lo que debe ser un territorio con futuro. Un ciudadano con conocimientos fomenta la práctica y la práctica fomenta nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Lo contrario a una apuesta decidida de enfrentar este problema, es invisibilizarlo, acolchonarlo, porque se manifestará más pronto que tarde como uno de los mayores déficit estructurales de nuestra región.

Y claro que hemos llegado hasta aquí por una serie de factores que tienen que ver con desequilibrios territoriales que han conformado y que siguen conformando las señas de identidad de un estado asimétrico y desigual, pero que no puede ser justificación para la inacción.

Un reto central del Gobierno de Vara debe ser la puesta en marcha de un puente solido y estable entre el mundo educativo y el laboral, que acompañe a cientos de jóvenes que hoy por hoy, forman una tasa de paro juvenil manifiestamente mejorable con respecto  a España y Europa; siendo condenados muchos de ellos a ser estigmatizados por no estudiar ni poder trabajar, condenados a aspirar, en el mejor de los casos, a un contrato precario que les posiciona en la permanente temporalidad, condenados a devaluar sus potencialidades,  condenados a emigrar a otros escenarios más productivos o sencillamente condenados a ser cronificados en el paro de larga duración a temprana edad.

Son las denominadas "cicatrices del desempleo" de hoy, las que no pudimos o hemos sabido resolver, pero ya estamos conformando las de mañana. Si hoy no atendemos con fortalezas la falla de un sistema que expulsa del sistema educativo a casi un tercio de nuestros jóvenes, estaremos siendo participes de un suicidio colectivo como comunidad.

Son necesarias, propuestas concretas, dinámicas y evaluables que pongan en marcha un tutelaje sistemático, metodológicamente procedimentado, liderado por parte del SEXPE y de los agente sociales de la región. Tutelaje decidido con las propias familias, con un objetivo claro: la transición desde las aulas a un empleo que les forme, que les acredite y que les de la opción de tener la autonomía que la crisis les ha robado, para crear proyectos e itinerarios de vida y de nuevas competencias para que se valorice su esfuerzo y de valor a su trabajo. 

Es difícil, costoso, requiere esfuerzos y con resultados que se darán a largo plazo, pero es necesario. La Junta de Extremadura tiene la palabra, y el Gobierno central, también. En la nueva articulación de la financiación de las CCAA en el estado deberán resolverse estas graves disfunciones, de lo contrario volveríamos a profundizar en esa quiebra Norte-Sur. 
          













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