El campo extremeño y el SMI

Poner el acento en los costes laborales tras diez años de sacrificios es un recurso infantil, porque hay una certeza más redistribuidora y eficaz. La subida del S.M.I. pone en circulación más dinero para un consumo escaso en Extremadura, consolida una vía hacia un empleo digno, mejora las prestaciones para el desempleo, inyecta una recaudación en todo el estado de más de 250 millones de euros y  sobre todo mejorará las pensiones raquíticas en nuestra región en un futuro. 

Los malos datos de empleo en nuestra Comunidad en la última EPA nada tiene que ver con la subida del SMI. Sus problemas son precios bajos y los canales de intermediación. El dato clarificador que ofrece CCOO de Extremadura sobre la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario en esta comunidad, pone en evidencia el argumento que relaciona caída de empleo en este sector con la subida del S.M.I. El año 2019 se cerraba con 28.689 personas afiliadas que realizaron jornadas reales, mientras  que en el año anterior, esta misma cifra bajaba a 27.017 afiliaciones, cuando el salario mínimo era inferior. "Es decir, la ocupación en el sector no solo no ha bajado, sino que ha mejorado en más de 1.500 personas, un 5,7 por ciento más".

-tablas salariales del convenio del campo en Extremadura-

En las declaraciones tremendistas sobre el impacto de la subida salarial en el empleo, los empleadores deberían tener en cuenta que aún está pendiente la firma del convenio del campo asumiendo la subida del SMI a 900 euros en el 2019, por lo que difícilmente, la implementación del salario en este 2020 a 950 euros se ha podido aplicar en el último trimestre del pasado año que es cuando se produce esa caída de empleo. Por lo tanto, error craso al realizar un análisis culpabilizador del desempleo en Extremadura en términos salariales. Que el campo extremeño y nacional tiene razones para la queja, agudizada durante toda la crisis de la última década, nadie lo pone en cuestión, pero concluiremos que a este gobierno progresista aún no le ha dado tiempo para hacer las cosas tan mal.  Las razones vienen de antiguo; aquellas de las que somos esclavos porque nunca hubo medidas para un cambio estructural, tan solo paliativas.

La reciente manifestación de agricultores y ganaderos en Don Benito, que no jornaleros como desinformaban algunos medios de comunicación, eran razonables y con motivos que nada tienen que ver con un salario digno. Como también hay que matizar que tan solo una minoría con motivaciones políticas tensaron una movilización partidista provocando a la policía. A nadie se le escapa que determinadas siglas de organizaciones agrarias querían obtener resultados mediáticos que han quedado al descubierto. Flaco favor hicieron al resto de organizaciones. Sobre ello, ha sido "enternecedor" oír al PP expresar su respulsa por las cargas policiales. Si el presidente Vara se equivocó en su reflexión, el oportunista Monago ha perdido una ocasión para callarse y no mostrar, una vez más, su alma tabernaria. 

En Extremadura, la subida del SMI no puede ser una causa para la crisis de un sector, debe ser un acicate para dar solución definitiva a la valorización de las tareas del campo; a todas. Si la subida del SMI destruye empleo, será ese trabajo agónico que se mantiene con horas extras que no se pagan o con jornadas sin límites. Extremadura, necesita elevar su nivel de consumo. 

Si bajar los salarios fuese realmente competitivo, nuestra tierra sería por sus bajos salarios el edén del empleo y todos conocemos sus cifras. El camino de bajar salarios no genera competitividad, genera desertización productiva de nuevas inversiones y lo que es peor, desertización social. Economía cíclica, despoblación, bajos salarios y fuga de talento a otras regiones. Que hay un desequilibrio entre la España Desarrollada y la Vaciada es una evidencia. El nuevo Gobierno de Progreso se la juega con territorios como el nuestro y el Gobierno de Vara debe buscar la salida por exigir inversiones públicas. La reunión fijada con la ministra de Trabajo para hablar de empleo en Extremadura debe ser una oportunidad para conseguir medidas estructurales de estado que cambien dinámicas perversas que agotan a nuestra tierra. Pero también cambios estructurales, rectificando la PAC. 

El origen del conflicto agrario está en la perversión de estas políticas comunitarias, que reparte subvenciones en función del tamaño de la superficie y a sus propietarios y no por el rendimiento o el empleo que genera. Así, más del 10% de perceptores reciben casi el 80% de subvenciones. Tan sólo 264 perceptores (0,03% del total) reciben más fondos que el 45% del total de los receptores. Está anomalía, ligada a un sistema neoliberal de oferta y demanda, genera una cadena de valor injusta con ganancias de hasta el 600%, en el caso de la patata, por parte de los grandes distribuidores e intermediarios.

Es evidente, que los tratados internacionales, ni priman el empleo ni la valorización del campo, siendo una consecuencia y resultado la mano de obra esclavista. La concentración del sector alimentario por grupos como Mercadona y Carrefour, entre ellos, dificultan la distribución del beneficio que da la tierra.

La negación del SMI por parte de la patronal agraria, en Extremadura, no puede ser la respuesta. Elegir la senda de justificar atávicos senderos de competir gracias a la precarización, es un suicidio colectivo, propiciado por tan solo unos pocos.