Resolución 9º Congreso CCOO-EXTREMADURA

El 9º Congreso de CCOO de Extremadura, celebrado en Mérida el 13 y 14 de diciembre de 2012, ha debatido y aprobado un Plan de Acción para un periodo que sin duda será vital para la futura sostenibilidad de nuestra región. 

Se ha procedido a la elección de una nueva dirección que adquiere el compromiso de redoblar esfuerzos para que nuestro sindicato sea más fuerte, más representativo, con más afiliación y con mayor capacidad de respuesta y de propuesta, propiciando una salida a la crisis sobre un modelo de región más inclusivo,  con más derechos para los trabajadores y trabajadoras y para el conjunto de la sociedad.

El Congreso RESUELVE, haciendo un llamamiento a la ciudadanía y en particular a la clase trabajadora extremeña para defendernos colectivamente de una política errática y neoliberal que ya nos está arrastrando a una de las situaciones social y económica más dramática de nuestra historia, a la vez que trabajar por propiciar una red sólida de alianzas con otras fuerzas sociales, como es en el caso de la Cumbre Social de Extremadura, que nos permitan resistir las perniciosas consecuencias de los permanentes ataques que está recibiendo nuestro modelo social al que no debemos renunciar.

El modelo de desarrollo en el ámbito rural extremeño, referente para el resto del estado, se deteriora a gran velocidad, creando incertidumbres para una gran parte de nuestra población. El progreso alcanzado en términos de convergencia en la pasada década, se ha visto truncado y retrocedemos a otros parámetros que nos sitúan como la única región “Objetivo 1”, en un marco de recortes en los fondos europeos en el periodo 2014-2020, con la amenaza que supone una Política Agraria Comunitaria desacoplada respecto de la producción y por tanto del empleo, y con una mano de obra del campo que permanece históricamente sin respuestas.

La perspectiva de los reiterados recortes puede borrar a Extremadura del mapa productivo y abocar a gran parte de nuestra juventud; precisamente la más cualificada, a una diáspora que podría ser irreversible y sin posibilidad de retorno, diseñando para nuestra región un futuro sin jóvenes.

Las mal llamadas “reformas estructurales” o política de recortes, en un escenario previo de divergencias no resueltas históricamente entre el norte-sur de nuestro país, amplifica las desigualdades interterritoriales y sociales, azotando en nuestra región, con mayor virulencia, nuestro escaso tejido productivo y las posibilidades de mantener el empleo, provocando una onda expansiva con nefastas consecuencias sobre las rentas del trabajo; las más bajas del país. La Reforma Laboral del gobierno del PP, acelera la precarización de nuestro mercado de trabajo; con una tasa de temporalidad disparada,  con una tasa de desempleo juvenil que alcanza una tasa dramática  y con un desequilibrio estructural con respecto a la inclusión de la mujer en el tejido productivo, fomenta la progresión de la economía sumergida que deberá ser combatida por un sindicato más resolutivo en su sistemática y coordinada denuncia ante la inspección y administraciones. La centralidad en la negociación colectiva deberá ser prioritaria y objeto principal de nuestro sindicato para aminorar sus lesivos efectos y las estrategias de proximidad a los trabajadores y trabajadoras será el único instrumento para favorecer  la necesaria implicación de estos en la dinámica de la resolución de los conflictos. No podemos olvidar que el derecho a la interlocución nos la ganamos por la credibilidad de una continuada acción sindical que a su vez será acompañada  de más afiliación y ratificada en la obtención de la mayor representatividad a través de las elecciones sindicales.

La respuesta de nuestra organización a una crisis que se utiliza como justificación para la degradación en la calidad en el trabajo, debe ser radicalmente solidaria para enfrentar el drama en ascenso de más de un treinta y tres por ciento de tasa de paro en nuestra comunidad alcanzando los 167.000 personas desempleadas, aumentando la destrucción de empleo muy por encima de la media española y con una más que preocupante tasa de parados de larga duración. En este contexto, reclamamos de las administraciones, con urgencia, respuestas tangibles para más de 61.000 personas que carecen de prestación alguna, más de 19.000 personas que en el inicio del Gobierno de Monago,  y para el 18,5% de los hogares extremeños que tienen a todos sus miembros activos en desempleo; para los que reivindicamos una renta básica  que les permita vivir de manera digna.

Las políticas activas de empleo vienen sufriendo recortes brutales que dejan a las personas desempleadas sin recursos para mejorar sus competencias profesionales, a la vez que caprichosamente se opta por el dispendio en programas cosméticos e inconexos como el de Acceso a la ESO para Jóvenes con incentivos de 1000 euros. Reclamamos una decidida voluntad política del Gobierno extremeño, que dé coherencia a las medidas de estímulo al empleo, que enfrente, sin justificaciones frívolas parapetadas en alcanzar logros de déficit que nada tienen que ver con las personas, medidas que contengan la deriva de un escenario de sistemática destrucción de empleo.

CCOO de Extremadura exige del gobierno extremeño, la apuesta por la financiación de una actuación global para 2013 que, desarrollando el denominado y hasta ahora estacando Plan 3 E, comprometido con los agentes sociales,  apueste por la concreción de un  acuerdo de Medidas de Políticas de Empleo (Orientación, recualificación profesional, certificaciones profesionales y acreditaciones profesionales,  autónomos, empleo público… ) que supongan la hoja de ruta para un año vital para nuestro futuro como región, siendo fácilmente visualizadas por las personas en paro y que puedan ser evaluadas al final de un año donde todos los análisis anuncian un nuevo aumento del paro. Entendemos, que la concreción de una cantidad consensuada y derivada de los 240 Millones de euros  obtenidos por nuestra región a través de la tasa bancaria, deben ir dirigidos al soporte y desarrollo del Plan de Empleo de Extremadura, toda vez que el acuerdo contempla el compromiso del gobierno de utilizar los remanentes financieros en la implementación de todas las medidas acordadas.

Denunciamos la decisión artera del Gobierno de Rajoy de imponer un insultante Impuesto cero a los bancos para descargar a estos de su responsabilidad para comunidades como Extremadura. Desde CCOO, entendemos que este  impuesto bancario del estatal a tipo cero debe ser defendido para que paguen aquellos que obtienen beneficios y han sido culpables de la crisis, no trasladándose esta responsabilidad al conjunto de la ciudadanía. Ninguna compensación económica que se negocie como alternativa, podrá suplir este impuesto, pues el gobierno estatal de turno lo terminaría por retirar o sustituir por otras partidas que viniesen a la Comunidad Autónoma por la vía de los PGE.

La Crisis está siendo aprovechada para degradar la vida democrática en la región, desvalorizando los órganos consultivos y de participación; por ello creemos que debemos seguir luchando por la dignificación de los mismos, exigiendo más política compartida. Nos ratificamos en nuestro compromiso con un desaparecido Diálogo Social como el antídoto de los conflictos, sin renunciar a la movilización de la ciudadanía y de la clase trabajadora como instrumento de defensa contra cualquier agresión a nuestros derechos constitucionales.

CCOO de Extremadura muestra su malestar por la falta de Diálogo Social que manifiesta la Administración autonómica y reitera su compromiso por hacer cumplir el principio de igualdad y consolidar la implantación de la transversalidad de género en la sociedad extremeña. 

Denunciamos el estado de desarrollo de la Ley de Igualdad, desde que asumió el PP el gobierno de la región, así como la falta de diálogo y concertación social en el recien aprobado Plan de Igualdad de la Mujer, considerando poco acertado hablar del mismo cuando la normativa extremeña,  nacional  y europea, avanzan hacia la igualdad efectiva entre hombre y mujer en los que ambos son sujetos de las politicas públicas de la igualdad de genero. Por otro lado, el gobierno contraviene lo estipulado en la Ley de Igualdad y Violencia de Género en Extremadura, ya que dicho Plan tiene que estar dictaminado por el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, el cual no está constituido, y reclamamos su puesta en funcionamiento para procedimentar la presencia inequívoca de los agentes sociales.

En los próximos años nuestra organización va a necesitar redoblar esfuerzos que se concreten a través de la solidaridad; por ello, el espíritu de militancia de nuestros cuadros será imprescindible a la hora de reclamar la necesidad de una mayor implicación de nuestra afiliación. Un compromiso que se visualice en el seno de la empresa y en el contacto con los movimientos sociales en una lucha permanente por reducir la brecha progresiva  entre las clases dominantes y dominadas, una apuesta determinante por el conjunto de las políticas sociales que garanticen los derechos fundamentales de las personas.

Los servicios públicos esenciales se degradan, pierden equidad y se desvalorizan desde la igualdad y su carácter inclusivo. En el contexto actual, nuestro sindicato hace un llamamiento a la participación de las movilizaciones el próximo 17 de diciembre por unas pensiones dignas y den todas aquellas acciones, que se están realizando y se realizarán, en defensa de todos los Servicios Públicos en peligro de extinción.   

El alarmante crecimiento del índice de pobreza y el desmantelamiento  de estrategias que fomentan la igualdad social está suponiendo un fuerte retroceso en la defensa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debiendo ser, nuestra organización, una referencia continua en la reivindicación. En este sentido, CCOO de Extremadura defiende la integración de las minorías, en cualquier contexto, que permita la participación directa de todos los integrantes de la sociedad civil para vehicular los intereses de las mismas en los proyectos de mantenimiento del Estado de Bienestar y los bienes públicos globales como ejercicio de coherencia de las políticas que funcionen al servicio del desarrollo pleno de una sociedad más justa fundamentada en la solidaridad.

En Mérida a 13 de diciembre de 2012.