La entrada en vigor de Acuerdo
de Pensiones negociado en febrero del 2011, en el marco del Pacto de
Toledo, viene acompañado del anuncio por parte de Rajoy de un nuevo
“Decretazo”, antisocial, injusto e inútil, que en palabras de Gallardón
será una nueva forma de “repartir el dolor”.
Pero no es economía,
es un artificio ideológico para potenciar un nicho de mercado virgen en beneficio de una banca que traficará con las pensiones públicas; una vez fenecida la improductiva burbuja inmobiliaria, taladrándonos con la promoción de un spot publicitario relativo a las bondades de unos planes de pensiones que terminarán siendo vampirizados por la voracidad de los mercados.
Y
volverán con la "matraca" de la insostenibilidad de las pensiones,
escondiendo intereses y argumentos inconfensables. Según datos de
Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de
la UE, con 1.862 euros por habitante (datos de 2010), suponiendo una
equivalencia al 10,7% del PIB, cuando la media europea es de 2.769 euros
de gasto medio (13% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones
no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media
contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no
contributiva casi un 50%.
El "pensionazo" está más cerca y Rajoy ya anuncia que tendremos la reforma antes de finalizar el año. La
decisión del gobierno del P.P. de "utilizar" a un "comité de expertos" como pantalla solo se entiende desde la intención de endurecer el acceso a este
derecho y de avanzar, como mascarón de proa, su deseo de recortar las
posibilidades de los trabajadores y trabajadoras a alcanzar una pensión digna. El factor de sostenibilidad nos conduce a separar las pensiones del incremento del IPC y a condicionar las pensiones sobre sospechosos criterios de productividad. Es decir, un artilugio para justificar que las pensiones estén condicionadas a la caja de la S.S. Asistiremos, sin duda, a la "vampiración" de la misma para "jivarizar", en paralelo, las pensiones.
El objetivo del gobierno de Rajoy para concretar el recorte de las pensiones se dirigirán a:
1º
Reducir la obligatoriedad de jubilación a los 67 años comprimiendo la
escala progresiva consensuada que llega al 2027 y que algunas decepcionantes editoriales mediáticas como “El País” propone el 2016 como propuesta de buen siervo para llegar a
esta obligación.
2º Ampliar el periodo de carencia de los 15 años
actuales a los 20 años, con lo cual, habrá una gran parte de la
población asalariada, fundamentalmente la población femenina,
que quedaría fuera de una pensión contributiva, implementándose sus tintes segregadores.
3º Aumentar,
considerablemente, los coeficientes reductores en las prejubilaciones,
que hoy están entre el 6,5% y 7,5% al año, cuando esta medida hay que
contemplarla como un estímulo facilitador de relevo generacional en el
empleo. Todo apunta a aumentar de los 61 años actuales a los 63 años
para jubilaciones parciales y de los 63 a los 65 para las anticipadas.
La
dureza del “Pensionazo” será inversamente proporcional a la capacidad
movilizadora que tenga la sociedad en su conjunto. Si en esta ocasión la
marea es multicolor, Rajoy y su gobierno fraudulento tendrá que reprimirse en sus ansias de recortar un acuerdo que en su momento fue criticado y que se pone en
valor con la amenaza más que visible de los voceros de los mercados y de todos aquellos que nos quieren dormir con el cuento de una inevitable ausencia de alternativas.
Interesante artículo de Carlos Bravo:
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